Informe preparado por Gustavo Ibarra, Ejecutivo Comercial en Solunion Chile
La misión constitucional del Banco Central de Chile (BCCh) es “velar por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos” y para cumplirlo debe tomar decisiones que se basen en análisis de datos estadísticos de la economía, tanto nacional como internacional, que le permitan monitorear aquellos factores determinantes en la consecución de sus metas. Los resultados del análisis se publican en reportes periódicos a lo largo del año.
La gran mayoría de los profesionales de las finanzas conoce los principales informes del BCCh, siendo quizás el más conocido el Informe de Política Monetaria (IPoM) por su trascendencia y profundidad en las decisiones económicas y planificación financiera de las empresas, pero poco se conoce sobre el Informe de Estabilidad Financiera (IEF). ¿Has escuchado hablar de él? ¿Qué nos dice este reporte? ¿Conoces cuál es su relevancia y por qué debemos prestarle atención? En este artículo están las claves que te orientarán en la toma de decisiones.
¿Por qué el BCCh prepara este Informe?
Garantizar el “(…) normal funcionamiento de pagos internos y externos” implica resguardar la estabilidad del sistema financiero desde una perspectiva macroeconómica. El sistema financiero considera a todas aquellas empresas que tienen actividad fiduciaria (transacción de dinero) e incluye a los Bancos y Oferentes de Crédito no Bancario (OCNB). Este último agrupa Casas Comerciales, Cajas de Compensación, Sociedades de Apoyo al Giro y Cooperativas de Ahorro y Crédito. La “estabilidad” se refiere a que el sistema financiero cumpla sus funciones con normalidad, sin disrupciones, incluso frente a shocks internos o externos.
Para lograrlo, el BCCh se basa en análisis de datos macroeconómicos internacionales y nacionales para identificar potenciales riesgos, puntos de vulnerabilidades del sistema y herramientas mitigadoras de los impactos esperados ante escenarios adversos. Entre las acciones que puede tomar están las de proponer nuevas regulaciones al sistema, activación o desactivación del Requerimiento de Capital Contracíclico (RCC), actuar de prestamista de última instancia y, finalmente, emitir informes y opiniones respecto de cambios legales o regulatorios.
El Informe de Estabilidad Financiera (IEF) representa la visión del Consejo del BCCh respecto de los aspectos antes mencionados. Su última publicación se realizó el pasado 24 de mayo, en su edición del 1er Semestre 2023.
Un breve resumen
El reporte del IEF del 1er semestre 2023 nos presenta un contexto de deterioro de las condiciones financieras globales y niveles de incertidumbre por sobre lo normal, principalmente por las turbulencias financieras sufridas por la banca internacional en marzo de este año, pero que han sido mitigadas rápidamente y con impacto local acotado. A nivel nacional, los principales desafíos son ajustar los desequilibrios vividos entre 2019 y 2021 (conflictos sociales y pandemia), que dejaron como colateral una estrecha posición financiera de los hogares, con ahorro negativo, aumentando su endeudamiento y niveles de morosidad. En empresas, los impagos se elevan mientras se reduce el endeudamiento por menor inversión. No obstante, la banca local presenta una posición de liquidez y solvencia suficientes para enfrentar escenarios de estrés, pero sugiriendo iniciativas para fortalecer la capacidad del sistema para enfrentar shocks.
A continuación, encontrarás el detalle los hallazgos para cada uno de los actores del sistema financiero, así como las decisiones y conclusiones de este reporte.
Tendencias de Mercados Financieros
Pese a las consecuencias de la crisis bancaria a nivel internacional (que se tradujo en la quiebra de cuatro bancos), el impacto en el sistema financiero chileno ha sido acotado. Se observaron leves caídas de tasas soberanas (riesgo país) de instrumentos financieros locales y un leve aumento de premios por riesgo para bonos corporativos (+5pb) y bancarios (+30pb), compensado en parte por una significativa disminución de la incertidumbre político-económica, la cual se encuentra en niveles por debajo del promedio histórico. La volatilidad de las tasas soberanas de largo plazo (5 -10 años) mostraron un incremento acotado. Por otra parte, la actividad del mercado de bonos bancarios se mantiene con actividad estable y una leve recuperación de emisión de bonos corporativos.
Usuarios de Créditos
Desde la perspectiva de los usuarios de crédito, empresas y hogares han mostrado una situación financiera que se ha estrechado desde la publicación del informe anterior (Dic/2022) debido a mayores costos de financiamiento, estándares de acceso al crédito más restrictivos y menor demanda de crédito bancario, tanto de consumo como comercial.
Respecto de las empresas, sus indicadores financieros y niveles morosidad han retornado a niveles prepandemia. Los márgenes operacionales continúan por debajo del promedio histórico, lo que sugiere menor capacidad financiera y liquidez, pero han mejorado respecto a años anteriores. La rentabilidad neta de las grandes corporaciones ha alcanzado un promedio de 9% en 2022. En consecuencia, los indicadores de cobertura de intereses se han recuperado hasta niveles de fines de 2019, alcanzando un promedio de 3.9 veces (Ebitda sobre intereses); mientras que los de endeudamiento financiero (deuda sobre patrimonio) bajan hasta 0.8 veces y se muestra una recuperación de los flujos de dividendos en las juntas de accionistas.
No obstante, las empresas han reducido su nivel de endeudamiento a costa de un mayor servicio de la deuda, esto es, tasas más elevadas y mayor carga financiera (hasta niveles previos a la pandemia) por efecto de la tasa de política monetaria contractiva sostenida a lo largo de estos últimos dos años y por una contracción en los plazos promedios de préstamos. Estos niveles de carga financiera han impactado de especial forma a las PYMEs quienes han mostrado una menor capacidad para recuperar sus márgenes operacionales.
Como resultado de lo anterior, el impago bancario en empresas ha aumentado. La cartera en mora llega a representar un 1.7% de las colocaciones del sistema a marzo 2023 (+40 pb), comparado con el 1.3% observado a la edición de junio 2022. Este indicador representa un 10% del total de empresas usuarias de crédito de la banca y se concentra principalmente en deudores de cartera reprogramada y deudores de créditos FOGAPE. El indicador se encuentra en sus niveles máximos desde la crisis subprime de 2009. Respecto al tipo de empresa, la mora se observa principalmente en PYMEs y, en términos sectoriales, en grandes empresas del sector Construcción/Inmobiliario y Comercio.
Es conveniente realizar una especial mención al rubro inmobiliario habitacional, cuyo sector mostró una caída de un 45% en la cantidad de solicitudes de préstamo hipotecario durante 2022, y en consecuencia, un aumento hasta 42% de stock de viviendas terminadas a marzo 2023, y cuya sobreoferta y menor demanda han impactado a la baja los precios de viviendas usadas y arriendos de departamentos y casas (-10% y -6%, respectivamente) comparado con el primer trimestre del año anterior. Cabe destacar que una profundización del deterioro de este sector podría traer consecuencias al resto de la economía, debido a sus múltiples interconexiones (empleo, banca, minería metálica y no metálica, servicios, etc.).
Por otra parte, la posición financiera de los hogares se ha deteriorado, siendo evidente en un cambio del hábito de ahorro como consecuencia del exceso de liquidez experimentado durante la crisis sanitaria, que repercutió en una alta inflación y desajustes macroeconómicos. El impacto negativo en la riqueza neta de los hogares es equivalente a un retroceso de 10 años y el ahorro neto de los hogares se redujo en un -0.7% del PIB. Los retiros previsionales han derivado en un aumento del costo de financiamiento de largo plazo y menor capacidad del sistema financiero para enfrentar shocks adversos. La banca ha restringido el acceso al crédito, lo cual ha impactado en una reducción de la cartera de consumo (-3%) en los últimos doce meses y una moderación del uso de créditos rotativos, compensado en parte por la cartera hipotecaria, que ha experimentado una leve alza de 1% en doce meses.
Lo anterior ha generado un aumento en el nivel de impagos de los hogares en deuda de consumo de corto plazo (tarjetas de crédito y líneas de crédito), sumado a menores ingresos familiares en los tramos más bajos. Precisamente, es el primer quintil de ingresos (Q1) quien ha sufrido con mayor ponderación un aumento en la carga financiera por la variación de tasas de interés del sistema. El índice de mora de la cartera de consumo llega al 2,7% en marzo 2023 (Gráfico II.AE4), volviendo a niveles post crisis social 2019. También destaca la mayor frecuencia de morosidad en la actividad crediticia de las OCNB (Oferentes de Crédito No Bancario) especialmente en casas comerciales y sociedades de apoyo al giro, donde un 9,5% y un 4,5% de sus colocaciones se encuentra en mora, respectivamente (Gráfico III. AE5).
Oferentes de Créditos
El riesgo de crédito de las colocaciones del sistema financiero ha retornado a niveles prepandemia, generando un mayor nivel de provisiones de incobrables. La crisis bancaria internacional resaltó la importancia de implementar un marco de regulación, supervisión robusta y una agenda de iniciativas para la transparencia y gestión del riesgo. Los escenarios de tensión dan cuenta de la solvencia del sistema bancario tradicional, pese a que las restricciones de acceso seguirán aumento por la mayor percepción del riesgo en la economía y menor actividad.
La situación de los usuarios de crédito ha producido una caída en el nivel de demanda de créditos comerciales y de consumo. El nivel de impagos ha aumentado en la deuda rotativa por el lado de los hogares y en la cartera grupal (operaciones de menor monto y menos concentración) por el lado de las empresas. La cartera automotriz y el retail financiero (no bancarios) muestran los mayores indicadores de morosidad del sector financiero, lo que implica un mayor riesgo asociado a minoristas y automotoras. Destaca también un cambio de tendencia en el calce de plazos de la banca, donde la duración de los activos (colocaciones) se acortan a tasas más elevadas, mientras que la duración de los pasivos (captaciones) se acortan muy levemente. Lo anterior se traduce en un mayor nivel de rentabilidad de la banca por el mayor spread de tasas, aunque compensado en el neto en parte por el efecto de la devaluación de las monedas y el mayor nivel de provisiones.
Los principales riesgos que enfrenta la banca, que podrían derivar en un empeoramiento del escenario macro financiero, van asociados a mayores niveles de volatilidad, que se traducen en menor liquidez y aumento en primas por riesgo de los activos financieros. Lo anterior puede repercutir en salidas de capitales si las decisiones de política monetaria se mantienen contractivas de forma prolongada. Por otra parte, los próximos vencimientos de los préstamos FCIC (Facilidad de Financiamiento Condicional al Incremento de Colocaciones) en marzo de 2024 pondrán a prueba su liquidez, dado que dichas líneas representan aproximadamente un 5.4% de los pasivos de la banca. El riesgo de crédito sigue siendo la principal amenaza del sistema, puesto que su exposición representa un 19.5% del capital del sector. No obstante, ante un escenario económico severo, el impacto sobre el capital del sistema es apenas de un -2.7% e impacta negativamente en los resultados de la mayoría de los bancos.
Desarrollos de Política Financiera
Basado en los antecedentes expuestos en las últimas dos secciones, el Consejo del Banco Central de Chile ha decidido la Activación del Requerimiento de Capital Contracíclico, instruyendo un aumento de +0,5% de capital adicional de los activos ponderados por riesgo (RWA, risk weighted assets), con plazo máximo a implementar de 1 año. Esta medida representa un colchón contracíclico de capital o buffer, como medida para mejorar la solvencia de la banca y cumplir con los estándares de la normativa internacional Basilea III. El ente encargado de supervisar, orientar la implementación y fiscalizar el cumplimiento de esta normativa es la CMF. El BCCh estima que la aplicación de esta medida tendrá un efecto transitorio y moderado en la evolución de los créditos, toda vez que implica aumentar las exigencias de capital y reducir indirectamente las provisiones de incobrables.
Conclusiones para la toma de decisiones en las empresas
Los datos presentados en las secciones anteriores nos muestran una clara señal de que la situación financiera, tanto de empresas como de los hogares, se ha deteriorado en liquidez y capacidad de pago por múltiples factores. Esto representa una amenaza no solo al sistema financiero, sino también al mercado de bienes y servicios.
Una de las principales decisiones que deben tomar los directivos de empresas cada año es cuánto crecer y cuál es la rentabilidad esperada del negocio a través del presupuesto financiero. Esto supone una planificación de todas las áreas que componen el negocio para proyectar el desempeño pasado en función de indicadores macroeconómicos: inflación, expectativas de crecimiento país y tasa de política monetaria. Lograr las metas presupuestadas supone un gran desafío que se encuentra amenazado por los riesgos del entorno, externalidades como crisis económicas o sectoriales, tanto internacionales como locales, que se alejan del ámbito de control de los cargos directivos.
El alza en los indicadores de mora en los hogares, el aumento de uso de líneas de crédito y la mayor carga financiera en un contexto de alta inflación sostenida, son una señal clara de que hay menos liquidez de los consumidores finales. Esto repercutirá evidentemente en menores niveles de ingresos del comercio minorista de bienes distintos a los de primera necesidad y, en consecuencia, menores márgenes operacionales y estrechez de los flujos de caja por menores niveles de rotación de inventarios. Ante esto, los minoristas encontrarán mayor dificultad en la gestión de la tesorería para enfrentar estos descalces de fondos, al existir condiciones de acceso al crédito bancario más restringidas por el riesgo actual y a un costo financiero alto. Dado lo anterior, es más probable que busquen alternativas de financiar el déficit de liquidez con sus proveedores buscando extensiones de plazos, planes de pago extensos o negociación de condiciones de crédito comercial más favorables en términos de plazos.
Esta dinámica trae, en consecuencia, una extensión de la cadena de pagos desde en consumidor hasta los productores primarios. Desde el punto de vista del proveedor, supone un perjuicio en su gestión de la tesorería, dado que (1) la extensión de plazos a los clientes implica acceder a mayor financiamiento de capital de trabajo asumiendo un costo financiero circunstancialmente alto, (2) un costo monetario debido al contexto actual inflacionario, (3) un costo de oportunidad de los flujos de la tesorería para realizar inversiones financieras de corto plazo o prepago de préstamos que devengan intereses, u oportunidades comerciales como descuentos por volumen (rebates).
Al igual que la Banca ha tomado sus precauciones elevando las exigencias al otorgamiento de créditos, aumentando sus provisiones por riesgo y fortaleciendo su requerimiento de capital contracíclico por orden del regulador, así también es sugerible que las empresas tomen decisiones para mitigar el riesgo de crédito ante las señales que ha aportado el IEF. Conjugar las medidas de mitigación con el plan de crecimiento constante de las empresas es un desafío que es posible abordar tomando algunas de las soluciones que ofrece el mercado de seguros, entre las que destaca el seguro de crédito como herramienta no solo de indemnización en caso de impagos, sino que también de monitoreo del riesgo de crédito, evaluación de capacidades de pago de clientes vigentes y potenciales nuevos negocios.
